¿Qué es la Ley 20.393?
La Ley 20.393, promulgada en 2009, establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile. Por primera vez, una empresa puede ser imputada y sancionada penalmente —no solo sus directivos o trabajadores— si se acredita que el delito fue cometido en beneficio directo o indirecto de la organización.
La ley exige a las empresas implementar un Modelo de Prevención de Delitos (MPD): un conjunto de políticas, procedimientos, controles y canales que permitan detectar, prevenir y reaccionar ante conductas delictivas dentro de la organización.
La ampliación de la Ley 21.595
En 2023 entró en vigor la Ley 21.595 de Delitos Económicos, que amplió drásticamente el catálogo de delitos imputables a personas jurídicas.
El catálogo pasó de los delitos originales a más de 200 delitos económicos, incluyendo:
Fuentes: BCN Ley 21.595 · PPU Legal · BSVV
Sanciones para la persona jurídica
Si una empresa es condenada, el tribunal puede aplicar una o varias de estas sanciones:
💰 Multas de hasta 200.000 UTM
Equivalente a millones de pesos chilenos, proporcional al daño causado y al tamaño de la empresa.
🚫 Prohibición de contratar con el Estado
Inhabilitación temporal o definitiva para participar en licitaciones y contratos públicos.
⏸️ Suspensión parcial de actividades
Cierre temporal de unidades, sucursales o líneas de negocio específicas.
📦 Comiso y pérdida de bienes
Confiscación de bienes y ganancias obtenidas a través de la actividad delictiva.
💀 Disolución de la persona jurídica
En casos extremos de delitos muy graves o reiterados, el tribunal puede decretar la disolución de la empresa.
Modelo de Prevención de Delitos (MPD)
El MPD es el conjunto de políticas, procedimientos y controles que una empresa debe implementar para prevenir la ocurrencia de delitos. La ley establece elementos mínimos, aunque su diseño e implementación es responsabilidad de cada organización.
Elementos del MPD según la Ley 20.393
Encargado de Prevención de Delitos (EPD)
Persona o unidad responsable de gestionar el MPD, con autonomía y acceso directo al directorio o máxima autoridad de la organización.
Identificación de actividades de riesgo
Mapeo de procesos, áreas y personas con mayor exposición a la comisión de delitos en beneficio de la empresa.
Protocolos, procedimientos y controles
Políticas internas, protocolos de autorización, controles de debida diligencia y mecanismos de detección de irregularidades.
Canal de denuncias seguro y confidencial
Sistema que permita reportar de forma anónima posibles delitos o irregularidades sin temor a represalias, con plazos de respuesta y trazabilidad.
Sanciones internas
Régimen de consecuencias para quienes incumplan el MPD, proporcional a la gravedad de la infracción.
Supervisión y mejora continua
Revisión periódica del MPD para adaptarlo a cambios legales, operacionales o de riesgo. Incluye auditorías internas y evaluaciones de efectividad.
Preguntas frecuentes
En principio, cualquier persona jurídica con fines de lucro puede ser imputada bajo la Ley 20.393. Sin embargo, la ley hace especial énfasis en empresas que contratan con el Estado, empresas reguladas por la CMF o la UAF, y aquellas con alta exposición a delitos económicos por su giro o tamaño.
No. En Chile los Modelos de Prevención de Delitos no se certifican. No existe ningún organismo estatal o privado acreditado que emita certificaciones de MPD con validez legal. La Ley 20.393 establece que la efectividad del MPD se evalúa judicialmente, no mediante la obtención de un certificado externo. Cualquier empresa que ofrezca "certificar" tu MPD no está entregando un documento con valor jurídico.
Tras la entrada en vigor de la Ley 21.595, el catálogo se amplió a más de 200 delitos económicos. Esto incluye delitos tributarios, medioambientales, de libre competencia, contra consumidores, laborales, financieros, informáticos y muchos otros, además de los delitos originales de la Ley 20.393.
No tener MPD no implica una sanción automática. Sin embargo, si se comete un delito en beneficio de la empresa y no existe un MPD efectivo, la empresa pierde la posibilidad de alegar que adoptó las medidas necesarias para prevenir el ilícito, lo que facilita su condena y la aplicación de sanciones más severas.
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